Debe llamarse a cuentas a funcionarios corruptos: Rodríguez Monárrez

El regidor reconoció la transparencia con la que el alcalde electo Arturo González, inicia la revisión de contratos que lesionan el patrimonio de los tijuanenses

El regidor Manuel Rodríguez Monárrez, reconoció la transparencia con la que el alcalde electo Arturo González Cruz, revisará los contratos que se han celebrado durante la actual administración y que han lesionado el patrimonio de los tijuanenses.

Señaló que aún y cuando el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, le ha cerrado las puertas a su sucesor para iniciar el proceso de transición, se han dado a conocer detalles del quebranto financiero que dejará la actual administración.

“Denunció el alcalde electo Arturo González Cruz, lo que muchos no creyeron pero que hemos venido denunciando, un quebranto de 124 millones de pesos por el contrato  Turbofin por la renta de camiones recolectores de basura y anuncia que se va a investigar a los involucrados, así como la revocación de la concesión del contrato de parquímetros”, expresó el regidor.

Cuestionó el hecho de que la empresa Turbofin esté dispuesta a reducir en un 35% su costo de operación y que dicho dinero no entraba directamente a la misma.

Rodríguez Monárrez, añadió que se tiene que investigar y proceder contra funcionarios corruptos y reconoció a funcionarios honestos que se acercaron en su momento y facilitaron información sobre el actuar del gobierno.

“Juan Manuel Gastélum es el principal protagonista de los actos de corrupción y tiene que pagar las consecuencias de haber defraudado a la ciudad y no se puede ir impune.

El alcalde electo anuncia que son 124 millones de pesos de defraudación, eso alcanzaría para tapar 80 mil baches; los hallazgos confirman que la administración ha estado bajo la sombra de la opacidad manchada por corruptelas que involucran a servidores públicos y a familiares directos del alcalde”, mencionó.

El regidor recalcó que se debe llamar a cuentas a los servidores deshonestos y se les procese por mancillar el patrimonio de los ciudadanos y haber  dilapidado millones de pesos.