Presenta CCSPBC denuncia para que ayuntamientos reglamenten, reconozcan y cumplan los derechos humanos de policías

Se presentó en la Comision Estatal de los Derechos Humanos, en donde el presidente del CCSPBC, Juan Manuel Hernández Niebla, dijo que los municipios tienen que reglamentar a través de sus cabildos prestaciones y presupuestos correspondientes para tener una mejor policía

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) presentó ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos una denuncia para que los ayuntamientos reglamenten, reconozcan y cumplan los derechos humanos de los policías.

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del CCSPBC, manifestó que cada uno de los municipios del estado tienen que reglamentar a través de sus cabildos, prestaciones y presupuestos correspondientes que permitan tener una mejor policía.

En las instalaciones de la CEDH en donde fue recibido por el presidente del organismo, Miguel Ángel Mora Marrufo, a quien agradeció escuchar las solicitides del Consejo, refirió que la cadena de justicia y combate a la impunidad empieza con los policías, por lo que se necesita reforzarlos e incrementarlos.

Señaló que en México existen 385 mil policías, el 76% son policías municipales y estatales y que el 95% de los delitos que se cometen son del fuero común, responsabilidad precisamente de estos policías.

En su opinión la Guardia Nacional y las fuerzas armadas deben de considerarse como un apoyo a las policías locales, y que es imposible poner en ellos toda la responsabilidad de la seguridad del país.

«El  gobierno federal así lo entiende es por eso que está implementando el Modelo Nacional de policía y justicia cívica para emancipar a los policías de cada región del país.

Los policías locales están a merced de la voluntad política de los alcaldes en turno. Es dificil evolucionar a un modelo ideal de policía si cada administración cambia las estructuras y lineamientos de sus policias», expresó.

Hernández Niebla, mencionó que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California en sus articulos 131 y 132 expresa claramente las condiciones de servicio en las que deben de operar las policias locales.

Dichas condiciones, añadió se refieren a una remuneración digna de acuerdo a la calidad de su servicio, riesgo y funciones en su rango; jornadas laborales; días de descanso; licencias; seguridad social; afiliación de ellos y sus dependientes a un sistema de salud; prótesis gratuitas en caso de pérdidas; seguro de vida por muerte en el cumplimiento del servicio; gastos funerarios; licencia por maternidad; accidentes y enfermedades.

Así como acceso a la educacion básica, media y superior a sus dependientes en caso de fallecimiento del policia; respeto al servicio profesional de carrera con lineamientos claros en el proceso de reclutamiento, selección, certificación, formación, promoción y reconocimiento en base a méritos y capacitación, adiestramiento, uniforme y equipamiento gratuitos.

Destacó que para la implementacion de los artículos 132 y 133 en cada uno de los ayuntamientos, los mismos tienen que reglamentar a través de sus cabildos todas estas prestaciones y asignar los presupuestos correspondientes, ya que hasta donde se sabe esto no se ha hecho.

«Por consecuencia estamos presentando una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que ésta requiera a cada uno de los ayuntamientos que reglamenten, reconozcan y cumplan los derechos humanos de los policías de acuerdo a la Ley Estatal de Seguridad Pública.

En relación a las recientes acusaciones de abusos policiacos igualmente solicitamos a los ayuntamientos la implementación del uso de la fuerza y el registro de desaparciones.

Estamos convencidos que para aspirar a una mejor policía tenemos que primero hacerle justicia a sus miembros», declaró.

Cabe señalar que acompañando a Hernández Niebla en la presentación de esta denuncia estuvieron Alma Lorena Araujo, presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali; Genaro de la Torre, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana,  y Juan Aldrete Márquez, consejero estatal del CCSPBC.